Actualmente, el proceso para constituir una empresa en México resulta largo y costoso pues además de reunir el capital inicial de inversión así como a las personas de confianza con quien deseas asociarte, es necesario cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, autorizaciones y la formalización que la ley establece.
 

Algunas de las principales barreras que enfrentan los pequeños empresarios para formar su Sociedad, son el costo elevado de la constitución ante fedatario público y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, aunado al tiempo de espera que resulta desde la inscripción hasta la apertura de la cuenta bancaria.

Derivado de dicha problemática, el 09 de diciembre de 2015 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a través del cual, se pretende crear la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), una nueva figura jurídica que facilita y agiliza la creación de una Sociedad Mercantil sin costo alguno y por internet.

Dicho Proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión, aprobándose en lo general y en lo particular el día 09 de febrero de 2016 pasándolo al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La SAS es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y que no podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil.

Los ingresos totales anuales de esta sociedad no podrán rebasar de cierta cantidad, y en caso de

rebasarla deberá transformarse en otro régimen societario establecido en la legislación mexicana.
 

En la reforma se propone, la creación de un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, a cargo de la Secretaría de Economía, mediante el cual se permitirá de forma gratuita lo siguiente: a) La constitución de la SAS; b) Obtener la autorización para el uso de denominación o razón social; c) Obtener la inscripción al Registro Público de Comercio; d) Convocar a Asamblea; e) Publicar el informe anual; y f) La disolución y liquidación de la Sociedad.

El único requisito será que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada para acceder al Sistema Electrónico y en ningún caso se requerirá de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional.

En conclusión, el propósito de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles es incorporar un mecanismo de operación sencillo que se adapte a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, facilitando su ingreso a la formalidad, así como la creación de un Sistema Electrónico de inscripción registral sencillo, rápido, económico, accesible a todo el público y eficaz.

Los beneficios que aporta la creación de la SAS se resumen en constituir una persona moral a partir de una persona y en ahorrar tiempo y dinero para la creación de nuestra empresa.

 
Autor: Lic. Stephania Pérez Chávez
Área:Corporativo

A partir del mes de febrero de 2016 el Sector Notarial enfrentó una problemática al momento de la captura del Aviso por operaciones de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles (compraventa, donación, adjudicación, dación en pago, sucesión, legados, entre otros) en el Sistema del Portal en Internet de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), que aparentemente señalaba como obligatoria la captura del RFC de los adquirentes y del decujus en aquellos actos en los que se hubiese realizado la adjudicación de los bienes de una sucesión, sin posibilidad de continuar el proceso de llenado del Aviso a falta de dicha captura.

 

El sustento del Aviso se encuentra en la fracción XII del artículo 17 de la Ley Antilavado, que considera como Actividad Vulnerable la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles ante Notario Público.

A su vez el párrafo tercero del artículo 17 del Reglamento de la Ley Antilavado prevé que los Notarios presentarán en todos los casos sus Avisos de la Actividad Vulnerable señalada en el párrafo anterior a través del sistema electrónico o aquel por el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que hacen referencia las disposiciones fiscales federales.

El artículo 6 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables (Resolución) indica que los Notarios Públicos que NO presenten sus Avisos a través de los sistemas referidos en el párrafo anterior, deberán utilizar los Formatos Electrónicos de conformidad con el Anexo 12-A previsto en la propia Resolución.

Ahora bien, el Anexo 12-A no contiene el formato oficial para la presentación del Aviso por la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles ante Notario Público y por consiguiente tampoco indica la forma de llenado, limitándose a señalar como obligatoria la captura del RFC y CURP de la persona que solicite la formalización del instrumento público en todos los casos.

Se considera de suma relevancia recordar que los formatos oficiales de los Avisos pueden presentarse directamente en el SPPLD (Java) o bien enviarse a través de la Plantilla (Excel) sin embargo, en la sección de plantillas descargables para los Servicios de Fé Pública (Notarios y Corredores) tampoco se localiza la correspondiente a la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.

Ante tal situación, el 04 de febrero de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero dio a conocer el “Aviso DeclaraNot (Versión 8.0)” el cual establece que, el medio de cumplimiento para la presentación de los Avisos por transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles que hayan realizado los Notario Públicos a partir del 1º de febrero de ese año, será la nueva versión del Sistema DeclaraNot, disponible en la misma fecha, aclarando que éste incluye actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables pero que no les genera obligaciones en términos fiscales.

 
El Programa Electrónico “Declaración Informativa de Notarios Públicos y demás Fedatarios DeclaraNOT”, contiene un Instructivo de llenado que contempla un clasificado de “Aviso de Actividades Vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Identificación de la operación” y a su vez una sección de “Datos del comprador o cesionario” y otra de “Datos del vendedor o cedente” que muestran la división “CURP”, la cual apunta que NO es obligatorio agregar la CURP del “Vendedor o Cedente” ni del “Comprador o Cesionario” cuando se agregue la fecha de nacimiento o el RFC de los mismos, tratándose de personas físicas y, en su caso aplicara la misma disposición para la persona que acuda a solicitar la formalización del instrumento público.

 
Finalmente en cuanto al tema de la sucesión, la fracción XI del artículo 29 y 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la Regla 2.5.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y su Anexo 19, así como el Portal del Servicio de Administración Tributaria, refieren al Aviso de Apertura de Sucesión especificando que dicho aviso lo presentará el representante legal o albacea de la sucesión cuando fallezca una persona que se encontraba obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia.

 
La presentación se realizará dentro del mes siguiente al día en que acepte su cargo, previo a la presentación del aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión.

 
En esencia, los principales requisitos para realizar el trámite son: Copia Certificada del Acta de Defunción; del Documento en el que el representante de la sucesión o albacea acepta el cargo; del Documento notarial con el que se haya designado al representante legal para efectos fiscales; del Poder notarial en caso de representación legal u original de la Carta Poder y original de la Identificación oficial del representante legal o albacea.

 
Autor: Lic. Yéssica Montserrát González Nieto
Área: Prevención de Lavado de Dinero

La prescripción negativa en el pagaré, se da por la inactividad del acreedor al no hacer efectivo su derecho de crédito y por el transcurso del tiempo señalado en La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual es de tres años. Transcurrido dicho plazo se extinguirá el ejercicio de ese derecho por la vía ejecutiva mercantil.

En ese sentido, si contamos con un pagaré cuyo término de la prescripción está corriendo, existe la posibilidad de interrumpirla y de esa forma evitar la pérdida del ejercicio del derecho en una vía privilegiada.

Existen diversas formas en las que se puede interrumpir la prescripción, impidiendo con ello que por el simple transcurso del tiempo la obligación se vuelva inexigible.

El Código de Comercio en su artículo 2 permite la aplicación supletoria del Código Civil Federal, por ello tomamos el artículo 1168 del citado ordenamiento que establece las formas de interrumpir la prescripción.

Artículo 1168 Código Civil Federal.- La prescripción se interrumpe:

I. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por más de un año;

II. Por demanda u otro cualquiera género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso; Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desiste de ella, o fuese desestimada su demanda;

III. Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.

Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

Adicionalmente se puede observar en la legislación que al efectuarse cualquiera de estas formas de interrupción de la prescripción respecto de un deudor solidario, se interrumpirá también respecto de los otros, si es el caso en el que el acreedor esté de acuerdo en la división de la deuda, y solo le exige su parte correspondiente no se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás, lo anterior también aplica a los herederos del deudor. En caso de que la prescripción fuera contra el deudor principal se tendrá por interrumpida de igual forma la de su fiador.

El objetivo de interrumpir la prescripción es no tomar en consideración el tiempo transcurrido desde que empezó a correr la prescripción y de esa forma estar en posibilidad de demandar por la vía ejecutiva mercantil, que tiene como principal beneficio la obtención de una garantía de pago desde el inicio del juicio mediante el embargo de bienes propiedad del demandado.

Si se diera el caso en el que no se puede evitar la prescripción del pagaré, no se pierde el derecho, el deudor no se libera de la obligación de pago, solamente se actualiza la pérdida del derecho del acreedor para ejercitar la acción cambiaria que pudiera hacer valer, quedándole una segunda acción causal por la vía ordinaria civil en la que tendrá que esperarse hasta la sentencia para pedir el embargo.

Con las ideas anteriores, se precisa que si se tiene un pagaré prescrito por la vía privilegiada, el acreedor aun está en posibilidad para reclamar el pago de dicho documento.

Autora: Gabriela Velázquez de Jesús
Pasante en Derecho
Validada por Lic. Alfredo Miguel García
Área: Litigio Empresarial.

El Comercio Electrónico en nuestra legislación encuentra su principal regulación dentro del Código de Comercio en sus artículos 80, 89 al 114, 1205 y 1298-A, motivo por el cual dentro del presente texto resaltaremos algunos de sus principales.

Para efectos de crear una generalidad estableceremos que el comercio electrónico es cualquier acto de comercio que tenga por objeto el intercambio, la adquisición y el consumo de bienes o servicios a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología a cambió de un precio.

Dentro del marco legal aplicable al Comercio Electrónico existen reglas referentes al Emisor, Destinatario, Intermediario, Parte en que Confía y Mensaje de Datos, los cuales son definidos en el Artículo 89 del Código de Comercio, de la siguiente forma:

I) Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de Datos, pero que no esté actuando a título de Intermediario con respecto a dicho Mensaje.

II) Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a nombre propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título de Intermediario.

III) Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho Mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él.

IV) Mensaje de Datos: La información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

V) Parte que Confía: La persona que, siendo o no el Destinatario, actúa sobre la base de un Certificado o de una Firma Electrónica.

El documento, contrato u otro que sea entregado como parte de un acto jurídico pactado a través de mensajes de datos enviados a los correos electrónicos que correspondan, se regirá por las siguientes reglas, aplicables a cada uno de los cuestionamientos que a continuación se desarrollan.

¿Cuándo se debe entender que el contrato, documento u otro “proviene” de aquella persona que tenga obligación de emitirlo?

Para efectos de dar respuesta a lo anterior, precisemos que la persona obligada a la emisión del documento de que se trate, tendrá el nombre de Emisor, ahora bien se deberá entender que el mensaje de datos proviene del Emisor cuando se esté en alguno de los siguientes supuestos:

Haya sido enviado por el propio Emisor;

Cuando usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del Emisor o por alguna persona facultada para actuar en nombre del Emisor respecto a ese Mensaje de Datos; o

Por un Sistema de Información programado por el Emisor o en su nombre para que opere automáticamente.

Lo anterior, encuentra su fundamento en el Artículo 90 bis del Código de Comercio. Una vez que el Destinatario o la Parte que confía, observen la existencia de un mensaje de datos proveniente del emisor deberá actuar según lo acordado entre las partes o en su caso de conformidad con lo señalado en las primeras dos fracciones del Artículo 90 Bis del Código de Comercio:

Artículo 90 bis. Se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado por el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía, en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando:

I. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el Emisor, con el fin de establecer que el Mensaje de Datos provenía efectivamente de éste, o

II. El Mensaje de Datos que reciba el Destinatario o la Parte que Confía, resulte de los actos de un Intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el Emisor para identificar un Mensaje de Datos como propio.

De lo anterior, se intuye que las partes involucradas en un acto jurídico pueden establecer los mecanismos de identificación que deseen y que los mismos deberán ser aplicados a los mensajes de datos.

Por otra parte, existen cuestiones que pueden variar los efectos en el mensaje de datos tales como, errores en el mismo, diferentes destinatarios, etc., por tal motivo, se deberán guiar por las excepciones establecidas en el mismo artículo 90 BIS del Código referido, mismas que a continuación se citan:

I. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, haya sido informado por el Emisor de que el Mensaje de Datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o

II. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el Mensaje de Datos no provenía del Emisor.

Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas.

Como se muestra en la transcripción anterior, la utilización de las reglas señaladas se encuentra envestida de valor probatorio en controversias que se pudiesen llegar a suscitar.

Hasta este punto hemos establecido las reglas para la identificación tanto del emisor como las de autenticación del mensaje de datos por parte del destinatario o parte en que confía.

¿Cuál es el momento de emisión y recepción del Mensaje de Datos que incluye el documento o contrato?

En lo referente al momento de emisión del Mensaje de datos, el Código de comercio en su Artículo 91 Bis establece que “Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el Mensaje de Datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un Sistema de Información que no esté bajo el control del Emisor o del Intermediario”.

El Código de Comercio determina los momentos de recepción del Mensaje de Datos, mismas que a continuación se mencionan en el artículo 91 del referido Código:

Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la recepción de Mensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho Sistema de Información;

De enviarse el Mensaje de Datos a un Sistema de Información del Destinatario que no sea el Sistema de Información designado, o de no haber un Sistema de Información designado, en el momento en que el Destinatario recupere el Mensaje de Datos, o

Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Información, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese a un Sistema de Información del Destinatario.

¿Cuál es el tratamiento para los acuses de los mensajes de datos?

La importancia de los acuses en materia de comercio electrónico radica en conocer los momentos de surtimiento de efectos del Mensaje de Datos, así como el cumplimiento con los requisitos que las Partes pueden establecer para efectos del comercio electrónico.

Lo anterior, se encuentra regulado dentro del Artículo 92 del Código de Comercio el cual a la letra señala:

“Artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de Mensajes de Datos, se estará a lo siguiente:

I. Si al enviar o antes de enviar un Mensaje de Datos, el Emisor solicita o acuerda con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:

a) Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, o

b) Todo acto del Destinatario, que baste para indicar al Emisor que se ha recibido el Mensaje de Datos.

II. Cuando el Emisor haya indicado que los efectos del Mensaje de Datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el Mensaje de Datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el Emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del Mensaje de Datos;

III. Cuando el Emisor haya solicitado o acordado con el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, independientemente de la forma o método determinado para efectuarlo, salvo que:

a) El Emisor no haya indicado expresamente que los efectos del Mensaje de Datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo, y

b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio.

El Emisor podrá dar aviso al Destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando el Emisor reciba acuse de recibo del Destinatario, se presumirá que éste ha recibido el Mensaje de Datos correspondiente;

IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el Mensaje de Datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así.

Adicionalmente a lo establecido en los cuestionamientos realizados existe un punto importante y es el que nuestro derecho reconoce en los documentos electrónicos un valor probatorio del cual se encuentran investidos tanto el Artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como en el Artículo 1205 y 1298 – A del Código de Comercio, para este último establece que para valorar la fuerza probatoria del Mensaje de Texto, se estimará la fiabilidad del método en que haya sido generado, archivado, comunicado o conservado.

El contrato de adhesión puede entenderse como el acto jurídico por el cual una de las partes establece un contenido prefijado al que se adhiere la otra parte sin intervenir en la elaboración del mismo, de tal modo que la conclusión del contrato no va precedida por una discusión entre las partes contratantes respecto del contenido del mismo.

Es decir, uno de los contratantes, está emitiendo una voluntad reglamentaria, mientras que el otro, se encuentra en la imposibilidad de discutir los términos del contrato y acepta las condiciones preestablecidas, con la finalidad de que se celebre una operación jurídica. Las cláusulas deben ser puras y simplemente aceptadas por los interesados que desean contratar, quienes lo harán respetando el contenido que, con carácter inmodificable, se da al contrato.

La Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 85, establece lo siguiente:

“Artículo 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme.
Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.”

Algunos ejemplos de contratos de adhesión son los relativos al suministro de energía eléctrica, servicio telefónico, de internet, transporte terrestre, aéreo o marítimo y servicio de hotelería, en los que el cliente acepta los términos y condiciones que el proveedor previamente ha estipulado en los contratos preparados para el público en general.

La controversia de éste tema, radica en la importancia de la voluntad de las partes en dicha celebración contractual, algunos autores expresan que en el contrato de adhesión no existe tal acuerdo de voluntades; ya que acuerdo de voluntades implica “un arreglo de dos o más personas” y en éste caso se está subordinado a una declaración unilateral de la voluntad que ya está previamente impuesta, por lo tanto señalan que no existe tal contrato de adhesión.

Contrato se define como un acuerdo de voluntades que produce o transfiere derechos y obligaciones mientras que el convenio es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. En relación a lo anterior, ambos conceptos contemplan un acuerdo de voluntades entre las partes, que no es más que aquél que se entiende como el pacto o arreglo al que llegan las partes en una negociación y que pueden formalizarlo conforme a la ley.

Para la existencia de un contrato se requieren dos elementos esenciales, el objeto que pueda ser materia del contrato y el consentimiento entre las partes; en consecuencia, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento y desde el perfeccionamiento se obligan los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, a excepción de aquellos contratos que deben revestir una forma requerida por la ley.

Los autores que expresan su negativa en atención al contrato de adhesión se escudan en el entendido de que con frecuencia, dentro del clausulado del contrato, existen algunas cláusulas desfavorables a los intereses de la parte adherida, y como ha quedado expuesto, ésta última no puede manifestar su inconformidad ni intervenir en la modificación del contrato. Lo antepuesto significa un desequilibrio en los derechos y obligaciones adquiridos.

En nuestra opinión, es cierto que la parte contratante no interviene en la elaboración del instrumento, sin embargo, al momento de manifestar expresamente su aceptación bajo los términos y condiciones del mismo, está manifestando su consentimiento y por lo tanto se entiende como un acuerdo de dos voluntades, ya que si no fuera su voluntad celebrar dicho contrato, simplemente negaría su aceptación.

Por su parte, los proveedores deberán llevar a cabo de manera obligatoria el registro de modelos de contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando así lo establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor, una norma oficial mexicana o cualquier otro ordenamiento legal aplicable.

En estos casos, PROFECO revisa que los contratos de adhesión no contengan cláusulas abusivas o lesivas e inequitativas a los intereses de los consumidores.

En conclusión, el contrato de adhesión integra un completo acuerdo de voluntades, ya que el contratante al momento de aceptar y firmar el contrato, está manifestando su consentimiento respecto del contenido.

En la práctica profesional de abogados y contadores, es común encontrarse en el dilema del concepto o termino que debe aplicarse a las diversas figuras jurídicas que convergen principalmente en el ámbito tributario. Es por ello que, mediante el presente nos daremos a la tarea de analizar la forma en la que el derecho tributario toma conceptos generales de derecho.

Las formas de relación que se podrían existir entre el Derecho Tributario y las normas del Derecho Privado, desde nuestro criterio son:

1. Como objeto de la tributación. La situación del Derecho Privado, estudiada al caso concreto y producido en el mundo real, se considera “causa” de la obligación tributaria, en una coincidencia de los conceptos adoptados, en la medida que el Derecho Tributario preservaría el concepto usado en el Derecho Privado.

 
2. Por aplicación analógica. Por la cercanía y por las necesidades de calificación, las normas del Derecho Tributario podrían usar ciertos o conceptos, para atribuirles definiciones propios (domicilio, personalidad, prescripción, persona, etc.).

 
3. Mediante la transformación de instituciones de Derecho Privado en instituciones de Derecho Tributario. Con la finalidad de atender a las normas tributarias, provoca una modificación de los conceptos del Derecho Civil para adoptarlos a sus necesidades (solidaridad, fideicomiso, persona moral, enajenación, etc.).

 

Manteniendo las debidas proporciones, identificamos este efecto de flujo semántico de conceptos, instituciones y formas de Derecho Privado, que integran o que se regulan en la composición de leyes tributarias, mediante incorporación, transformación o recepción, como describiremos a continuación.

El legislador puede de forma específica generar conceptos diversos a los establecidos en alguna materia, pero que en alguna otra tengan diversa connotación, una vez definidos en enunciados de Derecho Privado, que tenga por objeto el mismo hecho material, supuesto en el que sería más exacto hablar de elaboración de conceptos de Derecho Tributario, facilita la previa edificación promovida por el Derecho Privado.

Es mediante la transformación de los conceptos que, la figura jurídica pierde su carácter original, es decir, su naturaleza de Derecho Privado para adquirir funcionalidad en el Derecho Tributario.

Es como si el Derecho Tributario creara un concepto posterior. El legislador a nuestra consideración, debe conservar los valores y las propiedades originarias del concepto, tal como se formula en el ámbito privado. En este caso, el Derecho Tributario “usaría” las figuras jurídicas, sin conferir un nuevo contenido o efecto. Se limitaría, de esta manera, a tener en consideración, entre los elementos de la relación, aquellos que tuvieran relevancia en efectos tributarios.

Por ello, una vez que se ha practicado un determinado negocio jurídico regulado en una ley tributaria, aunque más tarde se alegue su invalidez o ineficiencia, esto no será suficiente a priori para excluir la incidencia tributaria, en la forma como el negocio se creó.
Y como no podría dejar de ser, recibir todos los conceptos, instituciones o forma expresa o tácita, teniendo en cuenta su funcionalidad en el sistema, pues cualquier enunciado sirve para todos los sistemas, salvo que se derogue legalmente. Tal y como sucede en el cómputo de plazos, o conceptos como personalidad o capacidad de los sujetos, entre otros.

Por último, el legislador puede crear una categoría jurídica propia, distinta de todo cuanto esté previsto en el Derecho Privado, para informar el contenido de las normas de Derecho Tributario.