Los Principios Generales del Derecho (PGD) son enunciados orientadores que carecen de naturaleza normativa, al no ser formalmente integrados en las normas jurídicas, y que recogen de manera abstracta el contendido de alguna de ellas, dando una interpretación a la ley que para otros sería intrínseca o debiera presuponerse. Su naturaleza axiológica y deontológica en el ámbito del derecho permite que su utilización por parte de jueces, legisladores y juristas sea para informar el ordenamiento jurídico, es decir, para integrar los derechos, o para interpretar la ley cuando ésta sea de dudosa aplicación, o bien, tenga lagunas jurídicas.

¿Cuál es su objetivo?

Para entender las funciones de los PGD de una mejor manera, podemos recurrir al esquema doctrinario que divide dichas funciones en las siguientes:
• Uso creativo.- Previo a la legislación, el funcionario deberá conocer los PGD para basarse en ellos y así poder crear la ley.
• Uso interpretativo.- Referido en que al momento de interpretar una norma jurídica, se pueda considerar como referencia a los PGD.
• Uso inte
grador.- Previsto para que llegada la situación de colmar los vacíos en la ley, el operador se deba inspirar en los citados PGD.

En el derecho mexicano, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente señala que los juicios de orden deberán fallarse conforme a la letra o a la interpretación de la ley o “a falta de éste se fundará en los principios generales del derecho”¹

Como ejemplo, tenemos los siguientes PGD: “Quien puede lo más, puede lo menos”, “Nadie está obligado a lo imposible”, “No se presume el dolo si no se prueba”.

Por lo anterior, podemos concluir que los principios generales del Derecho son aquellos principios más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, de los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual.²

[1] Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p. 3028.
[2]Ibídem.